Participamos en el seminario sobre seguridad en FLACSO

Quito,  02 de abril de 2014

Los pasados días miércoles 2 y jueves 3 de abril se llevó a cabo el Seminario Internacional: “Seguridad, delincuencia organizada y políticas públicas de información”, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada (RELASEDOR),  y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.

El evento contó con alrededor de 27 ponencias de expertos de Ecuador, América Latina, España y Canadá que abordaron temas como seguridad en América Latina, acceso a la información sobre seguridad y política pública en esta materia.

Romel Jurado, experto en derechos de la comunicación y presidente de Checks & Balances, se refirió a la difusión de información sobre seguridad en el contexto ecuatoriano y basó su análisis en una revisión del marco jurídico ecuatoriano en esta materia.

Jurado explicó que el principal problema en es que “existen vacíos y contradicciones normativas para procesar legítimamente las tensiones entre derechos de los ciudadanos y obligaciones del Estado en relación a la producción, custodia y acceso a la información pública sobre seguridad pública”.

Además, señaló que esta carencia normativa permite que las agencias estatales establezcan por sí mismas el universo de los asuntos que se incluirán (y los que quedan excluidos) así como los parámetros y metodologías para la producción, reserva, custodia, difusión y acceso a la información pública sobre seguridad pública; lo cual, a su vez, puede generar desconfianza sobre la validez y pertinencia de las elecciones sobre los asuntos relevantes, las metodologías empleadas y los datos mismos que se ofrecen a los ciudadanos.

Para sustentar sus afirmaciones y explicar cómo funciona la difusión de información sobre seguridad pública en el país, el jurista basó su conferencia en la realización de una explicación detallada de los contenidos de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento; y la Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento, que comprenden el marco jurídico actual en esta materia.