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El acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios públicos son las formas en que los derechos de los ciudadanos se concretan en el día a día. Si esos servicios se deterioran, pierden cobertura poblacional o geográfica, si su calidad disminuye o si se desmontan, la consecuencia es que los derechos se erosionan, dejan de ser ejercidos por un gran número de personas y los únicos que pueden ejercerlos a plenitud son los que tienen dinero o un determinado estatus burocrático.

El desperdicio de recursos y la corrupción en las instituciones del Estado son los monstruos que depredan los recursos públicos. Por esa razón, la llave de una gestión transparente y eficaz está en la calidad de la planificación pública y de su implementación, sobre todo cuando se trata de la protección de derechos fundamentales.

El derecho a la resistencia es la prerrogativa que tiene cualquier ciudadano para negarse (resistirse) a cumplir la ley y las órdenes de autoridad competente, bajo el entendido de que comprende y se conforma con las consecuencias jurídicas que esto pueda traer para sí mismo en el marco del ordenamiento jurídico vigente.