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El acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios públicos son las formas en que los derechos de los ciudadanos se concretan en el día a día. Si esos servicios se deterioran, pierden cobertura poblacional o geográfica, si su calidad disminuye o si se desmontan, la consecuencia es que los derechos se erosionan, dejan de ser ejercidos por un gran número de personas y los únicos que pueden ejercerlos a plenitud son los que tienen dinero o un determinado estatus burocrático.

El desperdicio de recursos y la corrupción en las instituciones del Estado son los monstruos que depredan los recursos públicos. Por esa razón, la llave de una gestión transparente y eficaz está en la calidad de la planificación pública y de su implementación, sobre todo cuando se trata de la protección de derechos fundamentales.

Tener hijos en edad de entrar a la universidad se ha convertido en un tema central que puede desequilibrar la estabilidad económica de las familias del Ecuador. Por una parte, las plazas en las universidades públicas no son suficientes para atender la demanda de los jóvenes que quieren estudiar, especialmente, ciertas carreras como medicina, ingeniería, arquitectura, odontología o derecho.

Está fuera de toda duda que la publicidad es una actividad comunicacional de vital importancia para las agencias o empresas que la producen, para las llamadas centrales de medios que comisionan por su distribución al mayoreo y para los propios medios de comunicación que la difunden masivamente, por las implicaciones económicas y comerciales que tiene para su sostenibilidad y para su crecimiento en tanto emprendimientos privados, comunitarios e incluso públicos.Precisamente por la trascendencia económica y comercial que tiene

El pacto ético propuesto por el Presidente de la República para prohibir que quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales puedan desempeñar cargos públicos o de elección popular es, desde mi perspectiva, un pedido de ratificación popular del pacto fundacional que hace posible y viable el Estado de derecho democrático, así como la aplicabilidad misma los derechos humanos.

Contrariamente a lo que supone la mayoría, la formulación jurídica de los derechos de la comunicación en la Constitución o en la ley no asegura, por sí sola, que los y las ciudadanas puedan ejercer cotidianamente esos derechos ni tampoco que puedan exigirlos eficazmente.

Ante el pedido de múltiples sectores de la ciudadanía y la academia en diversos lugares del país, de contar con la presencia de Carlos Ochoa, Superintendente de la Información y Comunicación, para que explique las funciones que desempeña la institución que él dirige, así como el alcance de la Ley Orgánica de Comunicación y sus reglamentos, esta institución desarrolló un plan de socialización que comprende la visita a las capitales de 12 provincias del país, en un período de seis meses.