El acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios públicos son las formas en que los derechos de los ciudadanos se concretan en el día a día.
Si esos servicios se deterioran, pierden cobertura poblacional o geográfica, si su calidad disminuye o si se desmontan, la consecuencia es que los derechos se erosionan, dejan de ser ejercidos por un gran número de personas y los únicos que pueden ejercerlos a plenitud son los que tienen dinero o un determinado estatus burocrático.
Pensemos por ejemplo en la educación pública, en la salud pública, en la seguridad pública, en la protección jurídica pública. Cada día que pasa la calidad y la cobertura de estos servicios prestados por el Estado decrece y desmejora, precisamente por las decisiones y acciones que realizan las autoridades públicas.
Esta situación hace que las personas que tienen recursos propios dediquen buena parte de ellos a pagar educación privada, salud privada, seguridad privada, protección jurídica privada.
Así, cuando los servicios públicos se privatizan dejan de concretar derechos y pasan a configurarse como privilegios.
Y todos sabemos que, mientras los derechos los ejercen todas las personas, los privilegios solo pueden ejercerlos quienes tienen cierto “estatus” o el dinero para pagarlos.
Si hablamos de estatus tenemos los privilegios, por ejemplo, de los funcionarios públicos del jerárquico superior, igual que los diplomáticos y oficiales de alto rango en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que pueden usar vehículos, aeronaves, barcos para realizar su trabajo e incluso sus actividades privadas, tienen precios preferenciales y subsidiados por el Estado para adquirir bienes o servicios de todo tipo, tienen regímenes privilegiados de jubilación tanto por tiempo como por el monto de la pensión de retiro, etc. Pero los demás ciudadanos no tenemos nada de eso.
Si hablamos de dinero, los privilegios a los que acceden las personas están directamente relacionados con la capacidad adquisitiva de cada familia. Por ejemplo, la calidad del privilegio de educar a los hijos en colegios privados, es decir la calidad de la educación, será mayor o menor dependiendo de si se puede pagar un colegio barato, caro o muy caro.
Si no tiene dinero, usted no podrá acceder al privilegio, y por lo tanto tendrá que conformarse con una educación pública que sus gobernantes -intencionalmente- han vuelto de pésima calidad y mala cobertura.
Pero ¿por qué lo hacen? ¿a quién le conviene que los servicios públicos pierdan todos los días calidad y cobertura? La respuesta es simple, los beneficiarios del deterioro de los servicios públicos son los prestadores privados de esos mismos servicios.
Las universidades, colegios y escuelas privadas pueden aumentar su número de clientes y los precios de su servicio en la medida en que la educación pública sea cada vez de peor calidad. Lo mismo pasa con las empresas de telecomunicaciones privadas, los hospitales privados, los servicios jurídicos privados, la seguridad privada y un largo, largo etcétera.
Por esa razón las grandes empresas que proveen servicios que también provee el Estado quieren matar o dejar raquítico a su mayor competidor: las instituciones que prestan servicios públicos.
A continuación, se describe la metodología general con la que las multinacionales y las grandes empresas promueven el desguace del Estado.
Paso 1: colonizar los puestos de decisión de las instituciones públicas
Si la máxima autoridad del Estado tiene un historial de trabajo o negocios en el sector privado que presta el mismo servicio que ofrece la institución que dirige o servicios afines, entonces esa institución, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos están en serio riesgo de perderse o al menos de degradarse en el corto plazo: se ha puesto al lobo a cuidar de las ovejas.
Paso 2: desatender intencionalmente las competencias institucionales
La ley define las competencias que tiene cada institución pública y la atención de esas competencias conforma la agenda institucional, es decir, establece los asuntos que deben ser atendidos por la institución estatal por mandato de la ley.