Libertad,
igualdad y
solidaridad

Lastimosamente, en la gran mayoría de casos, la concepción tradicional de la planificación de las políticas públicas, así como la incidencia social en ellas, se representan bajo la metáfora de una arena de contienda en que las decisiones se configuran principalmente desde la dinámica del poder de los actores que interactúan en dicha arena: actores institucionales, políticos, económicos, organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional e incluso grupos delincuenciales.

El trabajo en condiciones dignas y la recaudación de impuestos son, desde la perspectiva macroeconómica, los principales medios de redistribución de la riqueza social, así como los mecanismos más efectivos y eficientes de alcanzar un grado cada vez mayor de justicia social, de bienestar personal y colectivo, y de convivencia pacífica entre los ciudadanos.

El entorno físico y cultural en el que he vivido las más elevadas experiencias de democracia aplicada, en toda América Latina, ha sido el interior de una logia de masones. Lo cual no es poco decir, si se tiene en consideración que he trabajado los últimos 10 años como asesor en parlamentos y consejos institucionales que reclaman, para sí, ser el corazón mismo de la democracia representativa o participativa.

Cómo nombrar a esa situación en la cual una persona a quien usted no conoce, ni goza de su confianza, se endeuda a su nombre y firma unos papeles que le obligan a destinar sus recursos a pagar un dinero que a usted en poco o nada le ha beneficiado. La respuesta es: expolio, que significa tomar los recursos de los vencidos como botín.

Sea cual sea el nuevo presidente del Ecuador, la persona que ejerza ese cargo se enfrentará a una encrucijada político-institucional para llevar a cabo su plan de gobierno, que consiste en definir si aceptará y cogobernará con las autoridades nombradas durante el Gobierno de Moreno a través del CPCCS-Transitorio, o si intentará designar nuevas autoridades que acompañen al nuevo Gobierno en la resolución de los grandes desafíos que le esperan.

El primer problema que tendrá la clase media es el de preservar su fuente de ingresos en el marco de la crisis económica desatada por el contagio de COVID-19. En ese sentido las medidas estatales de protección a la clase media pasan indudablemente por la preservación del empleo público y privado.

El acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios públicos son las formas en que los derechos de los ciudadanos se concretan en el día a día. Si esos servicios se deterioran, pierden cobertura poblacional o geográfica, si su calidad disminuye o si se desmontan, la consecuencia es que los derechos se erosionan, dejan de ser ejercidos por un gran número de personas y los únicos que pueden ejercerlos a plenitud son los que tienen dinero o un determinado estatus burocrático.

El desperdicio de recursos y la corrupción en las instituciones del Estado son los monstruos que depredan los recursos públicos. Por esa razón, la llave de una gestión transparente y eficaz está en la calidad de la planificación pública y de su implementación, sobre todo cuando se trata de la protección de derechos fundamentales.

Se piensa, de manera general, que existe un claro vínculo directo entre desarrollo y derechos humanos, no tanto porque los derechos humanos cobran un sitio central en las distintas visiones del desarrollo sino por cuanto el desarrollo es un catalizador, aunque imperfecto, del ejercicio o goce de los derechos humanos.

La pedagogía del trompón y el fuete enseña que “el enemigo” solo puede ser alguien al que se quiere y se debe aniquilar. El miedo de ser declarado alguna vez “el enemigo”, hace que pensemos en volvernos invisibles o, por lo menos, imperceptibles para todos los demás.