La clase media y la elección de Presidente

Romel Jurado Vargas

“Están superados los tiempos en que se creía indispensable buscar los orígenes de las acciones políticas en las estructuras sociales o en el comportamiento de la economía. Los arreglos institucionales junto a los cálculos de los actores sociales y políticos configuran la acción política”. Simón Pachano.

La idea política de implantar en el país una economía abierta a los capitales, en la que fluyan sin restricciones las inversiones nacionales y extranjeras, en la que la iniciativa privada sea el motor de la dinamización de la economía, en la que el Estado sea moderno (es decir, pequeño, barato y descentralizado), y en la que la flexibilización laboral y la desregulación de los mercados completen y potencien el ciclo del crecimiento y la acumulación capitalista, no es nueva y menos aún original del candidato Guillermo Lasso.

De hecho, este proyecto político-económico ha tenido un gran protagonista en la historia contemporánea del Ecuador: León Febres Cordero, cuya figura dominó el escenario político ecuatoriano por al menos dos décadas, y cuyo liderazgo es extrañado y evocado con nostalgia, aún ahora, por los sectores de derecha. Otro actor importante de esta misma corriente, aunque menos potente, políticamente hablando, fue Sixto Durán Ballén, a quien casi nadie extraña a pesar de que en el plano institucional logró transformaciones que, sin duda, potenciaron la implementación del modelo neoliberal pero que, al igual que Febres Cordero, también fracasó en el intento de aplicarlo con la amplitud y profundidad que deseaban y que habían prometido[1].

La pregunta entonces es, por qué fracasaron, a pesar del enorme caudal político que tenía Febres Cordero o del apoyo que Washington y las corporaciones transnacionales proporcionaron tanto a Febres Cordero como a Sixto Durán Ballén.

Desde mi perspectiva, la respuesta intelectualmente más honesta y políticamente mejor estructurada a esta pregunta ha sido proporcionada por Simón Pachano en su libro “La trama de Penélope”, concretamente en el artículo con que se inicia esta obra y que se titula “El fracaso de lo que nunca existió”.[2]

En ese artículo se analiza el fracaso de los reiterados intentos de la implantación de políticas de apertura y liberalización de la economía, así como de modernización del Estado entendida como reducción del aparato administrativo, desregulación del mercado, privatización de los servicios públicos y flexibilización de las relaciones laborales.

Nada mejor que leer el referido texto de primera mano, pero desde mi perspectiva, los dos factores que, según Pachano, determinaron el fracaso neoliberal siguen operando en nuestro sistema político y hay algún elemento adicional que hacen todavía más difícil que Guillermo Lasso pueda lograr lo que Febres Cordero y Sixto Durán Ballén no pudieron conseguir, con la consecuente crisis social, económica y política que vivimos en el llamado “período de la inestabilidad” inaugurado en 1996 por Abdalá Bucaram y coprotagonizado por Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez con sus intricadas sucesiones presidenciales e interinazgos.

Supongamos entonces que Lasso llega a ser Presidente y tiene que lidiar con los dos factores que Pachano ha señalado son los causantes del fracaso de los intentos de implementar el proyecto neoliberal.

El primero de ellos es el “diseño institucional que alienta la fragmentación y no ofrece incentivos a la cooperación política”.

Nuestra arquitectura institucional es la del presidencialismo reforzado que permite un gran margen de acción al Ejecutivo y, aunque este modelo resta potestades al Legislativo para definir autónomamente la producción de leyes, y la da el rol de colegislador con capacidad de veto al Presidente de la República, existen otro tipo de frenos y controles institucionales a las propuestas presidenciales como los que tiene la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de: consultas populares, proyectos de reforma constitucional, leyes aprobadas por el Legislativo e incluso para modificar sentencias judiciales de la más alta jerarquía por la vía de Acción Extraordinaria de Protección.

Concurrentemente, la Función de Transparencia y Control Social, que no depende del Poder Ejecutivo, tiene instituciones, como la Defensoría del Pueblo, que pueden bloquear la ejecución de políticas públicas que se consideren atentatorias al ejercicio de los derechos fundamentales o impidan el acceso y disfrute de los servicios públicos en las condiciones garantizadas por la Constitución y la ley. Y también esta Función del Estado tiene instituciones (superintendencias) que ejercen potestades de regulación y control en los ámbitos financiero, seguros, empresarial, de control de poder de mercado, comunicación, economía popular y solidaria, que pueden resistir los cambios que, por vía de decretos ejecutivos, se busque implementar en esos sectores. Además, la Controlaría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen potestades que permiten la fiscalización de la gestión y los recursos de la Función Ejecutiva.

Dicho llanamente, un Ejecutivo cercado por otras instituciones y controles institucionales y judiciales que pueden bloquear su acción política, es un Ejecutivo débil, aún en un modelo del presidencialismo reforzado.

Finalmente, están los gobiernos autónomos descentralizados que tienen un sistema de competencias propias, pero concurrentes y complementarias con los ministerios de la Función Ejecutiva, y que continuamente demandan recursos para satisfacer sus demandas y necesidades locales, así como oportunidades para intervenir en la planificación pública que realiza e implementa el Ejecutivo, la cual afectará positiva o negativamente a sus territorios, poblaciones, intereses económicos y políticos.

En ese contexto, la composición política de la Función Legislativa, de la Corte Constitucional, de la Función Judicial, de la Función de Transparencia y Control Social, de los gobiernos autónomos descentralizados, así como sus agendas e intereses institucionales, serán determinantes para saber si un eventual gobierno de Lasso puede usar el diseño institucional para canalizar su intención de implantar un modelo neoliberal en lo económico, político y social.

No hace falta ser demasiado ingenioso para entender que, en ese escenario, las instituciones que no son parte del Ejecutivo, buscarán afirmar su presencia institucional, proteger sus asignaciones presupuestarias, así como consolidar el ejercicio de sus potestades y competencias, todo lo cual permite suponer una fuerte resistencia a propuestas como el desmantelamiento de esas instituciones, reducciones de personal o recursos, pérdida de competencias, desregularización de sus territorios de control institucional. Dicho simple y llanamente, actualmente tenemos un diseño institucional que alienta la fragmentación y no ofrece incentivos a la cooperación política entre el Ejecutivo y las otras instituciones del Estado, en la medida que, el proyecto gubernamental de Lasso es reducirlas, quitarles recursos y competencias o desaparecerlas.

Además de la resistencia por razones de supervivencia institucional, es preciso tener en consideración la radicalización de la lucha contra el proyecto político de Lasso por razones puramente políticas, es decir, por el dato cierto de que la gran mayoría de las instituciones estatales y los gobiernos autónomos descentralizados están dirigidas por militantes y simpatizantes de Alianza País.

En este escenario, la única opción viable para un Ejecutivo cercado por el diseño institucional descrito, es tratar de refundar el orden jurídico-institucional arrasando con todas las instituciones y leyes que limiten o dificulten la implementación del modelo neoliberal que Lasso propone. Pero ese camino es tortuoso, supremamente conflictivo, de larga duración, muy costoso en términos políticos, sociales y sobre todo económicos, y la historia ha probado que, con menos dificultades y mejores condiciones, no ha sido conseguido ni siquiera por León Febres Cordero.

Y mientras ese gran giro de timón pretende ser implementado ¿qué pasará con la clase media? Esa que está conformada, como ha declarado el politólogo Santiago Basabe, por la gente que piensa, que estudia y que emprende. Lo más probable es que pierdan sus empleos en el sector público y, los que sobrevivan a la purga, tendrán que conformarse con salarios menores, tiempos parciales y precarización de sus derechos y de las condiciones de trabajo.

Concurrentemente, los emprendimientos autónomos de la clase media tendrán que competir, en la jungla del capitalismo desregularizado, con las grandes empresas nacionales y transnacionales que esperan por condiciones para monopolizar los mercados de alimentos, vestido, hotelería y turismo, transporte, construcción, comercio, entretenimiento, entre otros.

Así las cosas, los sobrevivientes de clase media serán los que hallen un espacio en la burocracia lassista o aquellos que actúen como lugartenientes de las grandes empresas, lastimosamente serán pocos. Los demás tendrán que convertirse en “clase media baja”, que es el eufemismo con el que los empobrecidos se llaman a sí mismos para salvar la dignidad de clase.

El segundo factor que Pachano ha identificado como causa del fracaso de los intentos neoliberales está constituido por los “cálculos de los actores sociales y políticos que configuran la acción política” y que dan lugar a “prácticas particularistas, como el clientelismo y el corporativismo que caracteriza a la política ecuatoriana”.

En efecto, ante un escenario institucional caracterizado por la fragmentación y la falta de cooperación política, Lasso tendría que buscar (como ya lo ha hecho en campaña) todos los apoyos posibles a cualquier precio.

Como ha sido ampliamente documentado, tales apoyos se producen en función de un proceso de negociación en el que cada aportante de capital simbólico y político busca obtener en el corto plazo beneficios económicos, políticos y “oportunidades de negocio” que beneficien a la agrupación político-económica a la que representan. Se trata de un obrar estratégico de los actores sociales y políticos para lograr o defender sus acomodos particulares, pero sin sentido de proyecto nacional que agregue y procese los diversos intereses de la sociedad en su conjunto.

En este contexto, los apoyos de líderes históricos de todas las tendencias hacia Lasso tendrán, en el caso de que llegue a la presidencia, costos supererogatorios para las arcas fiscales y los intereses nacionales. Y aun así, los respaldos solo durarán lo que duren los recursos para pagar por tales apoyos, con el agravante de que mientras pasa el tiempo y las disputas políticas se hacen más difíciles, también se hacen más onerosos los apoyos políticos, como nos demuestra la historia de nuestro país desde el retorno a la democracia en 1978.

La característica más relevante del clientelismo y el corporativismo es que las facciones políticas fagocitan los recursos públicos disponibles sin pensar en las necesidades, intereses y apetencias de nadie más que de sí mismos. En ese contexto, solo los integrantes de la clase media que logren formar parte de las clientelas alimentadas por el sistema de negociación de apoyos políticos recibirán algún recurso, empleo u oportunidad que les permita mantenerse sin renunciar a su estatus social y económico.

Por otro lado, cabe preguntarse si Lenín Moreno enfrentaría los mismos problemas en caso de llegar a ser Presidente. Desde mi perspectiva, y usando los mismos parámetros de análisis que establecí para una eventual presidencia de Lasso, la respuesta es que no tendría los mismos problemas por las siguientes razones:

En primer lugar, Lenín Moreno no tiene como promesa central hacer un golpe radical de timón hacia el neoliberalismo en los ámbitos económico, institucional, jurídico o laboral. Su promesa central es preservar el orden económico, aunque liberando a las empresas de ciertas cargas tributarias; preservar el diseño institucional; preservar el orden jurídico, aunque está abierto a disminuir ciertas potestades de control institucional sobre los ciudadanos, y; preservar los derechos laborales, sosteniendo, hasta donde sea posible, el empleo público del que tanto bebe la clase media.

En segundo lugar, porque la preservación del diseño institucional que promueve Moreno, hace que las instituciones y personeros que las dirigen desarrollen, como estrategia de supervivencia, actos y actitudes de cooperación política, incluso si tienen que reducir en alguna medida sus presupuestos, competencias y hasta personal. Lo cual crea un clima de gobernabilidad que facilita la inversión tanto nacional como extranjera, dinamizando y estabilizando la economía, aún cuando no se registren niveles elevados de crecimiento, todo lo cual permite dar continuidad, con ciertos ajustes, al Plan Nacional de Desarrollo que ya está en marcha.

En tercer lugar, porque dado que Alianza País tiene ya garantizada mayoría absoluta en la Función Legislativa, y dado que el diseño institucional del presidencialismo reforzado permite ser al Ejecutivo un proactivo colegislador, no es necesario someterse a las prácticas particularistas (clientelismo y el corporativismo) que las demás fuerzas políticas (Partido Social Cristiano, Partido Roldosista Ecuatoriano, Izquierda Democrática) desarrollarán en caso de que Lasso llegue a ser presidente, pues dichas fuerzas no tienen capacidad de veto de las iniciativas legislativas del Ejecutivo o de la mayoría política de la Asamblea Nacional.

En este escenario los actores económicos, se ven forzados a canalizar sus demandas y expectativas en procesos de negociación más racionales, nómicos y progresivos, seleccionando aquellos que determina su permanencia en el mercado y no el aumento inmediato de ganancias y control monopólico del mercado. O dicho en términos de Pachano, favorece un sistema político que permite agregar intereses del conjunto de la sociedad, en procesos institucionalizados de negociación y acuerdo, en función de un proyecto nacional que es más que la suma de los intereses particulares en juego.

Finalmente hay un factor que me permito incorporar al análisis desde una perspectiva estratégica: el estilo de liderazgo. En ese sentido, todo cambio radical precisa de liderazgos fuertes, agresivos, que incluso pueden rayar en lo autoritario, por la simple razón de que las propuestas de cambio radical imponen elevados niveles de conflictividad social y política.

Desde esa perspectiva, León Febres Cordero y Rafael Correa, cada uno desde su orientación política y desde los objetivos por los que lucharon, son la muestra histórica que el Ecuador no cede a las pretensiones de cambio de modelo económico y político por las vías del diálogo racional.

En su caso Febres Cordero activó la represión por la fuerza y el aniquilamiento material, político y judicial de sus opositores, y por otro lado Rafael Correa ha sido implacable en el uso de mecanismos judiciales y controles institucionales para enfrentar a sus adversarios políticos. Sin duda, ambos liderazgos se reconocen como enérgicos pero necesarios desde sus partidarios, y como excesivos y autoritarios desde sus detractores.

La cuestión es ¿qué tipo de liderazgo tendrá que desarrollar Lasso para lograr desmantelar las instituciones, políticas, leyes, modelo económico y sistema político que tenemos actualmente?

Seguramente, tendrá que ser autoritario, imperativo, inflexible y estar dispuesto a pasar por encima de las leyes que le impidan lograr su propósito, intensificará sus alianzas con los sectores más conservadores y reaccionarios de la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, y usará los medios físicos, políticos y judiciales que tenga a su alcance para liquidar a sus opositores, pues en caso contrario no tiene la más mínima posibilidad de enfrentar a la estructura institucional habitada por militantes y simpatizantes de Alianza País, ni para vencer a la mayoría absoluta que tienen ese partido en la Asamblea, ni para ahogar la protesta social que se organice por el desmantelamiento del régimen de derechos laborales, la reducción del gasto en los servicios públicos, los despidos del sector público, la privatización de áreas estratégicas de la economía, que son condiciones fundamentales del modelo político y económico que Lasso nos plantea llevar adelante.

Por su parte Lenín Moreno, no tiene necesidad de ejercer un tipo de liderazgo autoritario, porque tiene a su favor los factores políticos para garantizar la gobernabilidad y la consolidación del modelo económico, social y político ya en marcha.

De hecho, esa es la propuesta medular de Moreno: preservar lo avanzado y hacer todo lo posible para consolidar y mejorar la situación de todos los sectores e intereses que conforman el conjunto de la sociedad.

No propone ni pretende desenvainar la espada y salir a cortar cabezas, no necesita hacerlo, por el contrario, su estrategia política es la no confrontación violenta, el procesamiento pacífico, pausado e institucional de las demandas de los diversos sectores sociales y económicos, porque tiene condiciones políticas, institucionales y sociales para hacerlo. Su función histórica, después de los cambios propuestos y logrados por Rafael Correa, es darles continuidad, afirmarlos en la idiosincrasia de los ciudadanos y crear condiciones para que en el futuro no sea posible revertirlos. Nada más, pero tampoco nada menos.

Es muy probable que, en estas elecciones, la definición provenga, en buena medida, de cómo se decante la clase media al ejercer su voto. Por eso, los partidos de derecha y los grandes medios de comunicación intentan seducirla, y la acarician con palabras como: la clase pensante, la clase instruida, la clase libérrima, la clase rebelde, la clase que protagoniza el cambio. La acarician como el amo acaricia el lomo de la yegua que ha de montar.

Para mí, la clase media es la expresión más desarrollada del cálculo estratégico cuando se trata de lograr, en lo personal, su acomodo político, social y económico. Por ello no entono cantos de sirena ni lanzo loas a sus convicciones patrióticas o morales para enfrentarla a su responsabilidad en el escenario político que nos plantea la elección presidencial entre Lasso y Moreno, solo le pido que actúe en lo público con la misma racionalidad estratégica con la que actúa en lo privado.