El entorno físico y cultural en el que he vivido las más elevadas experiencias de democracia aplicada, en toda América Latina, ha sido el interior de una logia de masones. Lo cual no es poco decir, si se tiene en consideración que he trabajado los últimos 10 años como asesor en parlamentos y consejos institucionales que reclaman, para sí, ser el corazón mismo de la democracia representativa o participativa.
El primer problema que tendrá la clase media es el de preservar su fuente de ingresos en el marco de la crisis económica desatada por el contagio de COVID-19. En ese sentido las medidas estatales de protección a la clase media pasan indudablemente por la preservación del empleo público y privado.
El acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios públicos son las formas en que los derechos de los ciudadanos se concretan en el día a día. Si esos servicios se deterioran, pierden cobertura poblacional o geográfica, si su calidad disminuye o si se desmontan, la consecuencia es que los derechos se erosionan, dejan de ser ejercidos por un gran número de personas y los únicos que pueden ejercerlos a plenitud son los que tienen dinero o un determinado estatus burocrático.
La pedagogía del trompón y el fuete enseña que “el enemigo” solo puede ser alguien al que se quiere y se debe aniquilar. El miedo de ser declarado alguna vez “el enemigo”, hace que pensemos en volvernos invisibles o, por lo menos, imperceptibles para todos los demás.
Según el filósofo Jürgen Habermas, el lenguaje tiene una vocación intrínseca que consiste en entenderse, acordar y establecer cooperación entre los miembros de comunidad para procesar los problemas y necesidades compartidas.
Está fuera de toda duda que la publicidad es una actividad comunicacional de vital importancia para las agencias o empresas que la producen, para las llamadas centrales de medios que comisionan por su distribución al mayoreo y para los propios medios de comunicación que la difunden masivamente, por las implicaciones económicas y comerciales que tiene para su sostenibilidad y para su crecimiento en tanto emprendimientos privados, comunitarios e incluso públicos.Precisamente por la trascendencia económica y comercial que tiene
Un interesante texto que nos obliga a cuestionarnos sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos en la situación de la sociedad en que vivimos así como en la calidad ética de nuestros gobernantes.
El pacto ético propuesto por el Presidente de la República para prohibir que quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales puedan desempeñar cargos públicos o de elección popular es, desde mi perspectiva, un pedido de ratificación popular del pacto fundacional que hace posible y viable el Estado de derecho democrático, así como la aplicabilidad misma los derechos humanos.
La Constitución establece que, mediante la ley, se regulará la difusión prevalentemente de contenidos informativos, de opinión, formativos, educativos y culturales, y también se establecerán espacios para la producción nacional.
El derecho a la resistencia es la prerrogativa que tiene cualquier ciudadano para negarse (resistirse) a cumplir la ley y las órdenes de autoridad competente, bajo el entendido de que comprende y se conforma con las consecuencias jurídicas que esto pueda traer para sí mismo en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
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